Lima, Cajamarca, Cusco, Arequipa, Piura, Trujillo y otras ciudades han protagonizado fuertes protestas estudiantiles y docentes contra el proyecto de Ley Universitaria que viene discutiendo el Congreso. La Asamblea Nacional de Rectores (ANR) ha rechazado esta ley asegurando que viola la “autonomía” y diversas universidades públicas y privadas han emitido pronunciamientos en el mismo sentido, incluyendo al gremio de las universidades-empresa, la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (FIPES, afiliada a la CONFIEP), que la ha calificado de “controlista” y “peligrosísima”.
¿Qué dice esta Ley que ha logrado unir en su contra a todos los sectores, desde los grupos más contestatarios hasta los más neoliberales?
La demanda por una nueva Ley Universitaria no es de hoy: es producto de una larga lucha por reformar la educación superior, corrompida, mercantilizada, privatizada y abandonada por el Estado durante la dictadura de Fujimori. Recordamos que hace casi 15 años se formó el grupo P.E.R.U. (Proyecto Estudiantil de Reforma Universitaria, cuyas propuestas aún pueden leerse en un viejo site de Geocities). Desde entonces mucha agua ha corrido bajo los puentes, muchas universidades han sido tomadas por los estudiantes e intervenidas por la ANR, decenas de proyectos de Ley se presentaron en el Congreso... pero el cadáver de la educación superior, ay, siguió muriendo.
La discusión que se produce en estos momentos es, pues, histórica. Es un reto para todos los actores sociales que han venido luchando por una reforma universitaria asegurarse de que esta Ley exprese ese largo proceso y esta vocación de cambios. No ha sido nada fácil llegar a este punto, y no podemos darnos el lujo de permitir que se tergiverse el sentido de la reforma.
El principal motivo del rechazo manifestado por diversos actores ha sido el supuesto carácter “intervencionista” de la Ley y la posibilidad de violación de la “autonomía”. Efectivamente, una primera versión del Dictamen disponible en Internet encendió las alarmas, pues creaba una “Autoridad Universitaria” con miembros designados por el Ejecutivo. Pero según la más reciente versión del dictamen, el pasado 11 de mayo se acordó cambiar esa figura por una “Superintendencia” conformada de manera más democrática: cuatro representantes elegidos por las universidades; un solo representante del Ejecutivo (el Ministerio de Educación); CONCYTEC y CEPLAN como organismos encargados de la ciencia y tecnología y de la planificación estratégica respectivamente; un representante elegido por los Colegios Profesionales; y un representante de los “gremios empresariales”.
Sin duda es una mejor propuesta que la original, que era una barbaridad pues constituía una intervención directa del Ejecutivo en el organismo regulador de las universidades. Aún así, nos preguntamos: ¿qué hacen los “gremios empresariales” en esta Superintendencia? Ya sabemos de sobra la opinión del principal gremio empresarial, la CONFIEP: hace poco, en el CADE sobre Educación, dejaron en claro que para ellos la privatización es la “única opción”. Mucho cuidado con este contrabando ideológico. En todo caso, si están las empresas, ¿porqué no están representados otros sectores de la sociedad? ¿Por qué no están los estudiantes agremiados en la FEP u otros espacios organizativos? ¿Dónde están los docentes y los trabajadores? ¿Dónde está el Consejo Nacional de Educación, Foro Educativo u otras instituciones vinculadas al tema? ¿Dónde están las instituciones especializadas en investigación, como el Instituto de Estudios Peruanos, GRADE o el CIES, entre otros? Si la lógica ha sido que este órgano sea representativo de diversos sectores involucrados con el tema educativo, no se entiende el rol de los gremios empresariales ni tampoco la exclusión de muchas otras voces que sí tienen cosas que decir.
Un segundo problema de la Ley es que consagra la figura de universidades-empresa, creada mediante el decreto legislativo 882 de la dictadura de Fujimori. Este decreto es el responsable directo de la explosión de universidades con fines de lucro, que han convertido la educación en un negociazo sin garantizar la calidad ni mucho menos el pensamiento crítico, ni la investigación que cuesta plata y disminuye las ganancias inmediatas. Lejos de desaparecer esta figura u obligarlas a convertirse en asociaciones civiles en un plazo determinado, la propuesta de Ley garantiza que continuarán existiendo e insiste con exonerarlas de una serie de obligaciones que tienen todas las demás universidades, pues define que la organización y funcionamiento de las mismas no se regirá por la Ley en cuestión sino por su propio estatuto, liberándolas así del necesario proceso de democratización que implica la existencia de representantes de estudiantes y docentes.
El congresista Mora, principal protagonista de este proceso legislativo, asegura que “la educación no puede ser una mercancía” y fustiga duramente a las universidades que lucran con este derecho. Sin embargo, se ha dejado convencer de que la desaparición de la universidad-empresa generaría un “caos” y una “inseguridad jurídica” pues implicaría poner en riesgo la “inversión” que han hecho estos empresarios en los últimos 20 años. Pensamos que no es así: es perfectamente posible derogar el DL 882, pues una Ley está por encima de un decreto, y establecer un plazo prudente para reconvertir estas empresas en asociaciones civiles o, si los dueños no lo desean hacer, simplemente cerrarlas y vender sus bienes. No se pone en riesgo la “propiedad” de nadie. La universidad debe volver a ser una comunidad de docentes y estudiantes fundada alrededor de la generación de conocimientos y la discusión de ideas. Con esta Ley tal como está, educación puede seguir siendo un negocio.
Hay un tercer problema importante con este proyecto. En el Dictamen que está siendo discutido, los artículos referidos a los derechos y deberes del estudiante tienen una concepción represiva y antipolítica de la universidad. Estos artículos hacen eco de las propuestas de la ANR y del propio Gobierno, que con la excusa de combatir al MOVADEF quieren imponer una lógica según la cual el estudiante solo debe estudiar, y no debe participar en otro tipo de actividades que no sean “académicas”, ni mucho menos protestar o criticar a sus autoridades. Específicamente, los artículos 95 y 96 plantean que los estudiantes tienen prohibido usar los ambientes de la universidad “para fines distintos de los universitarios” y que tienen derecho de asociación “para los fines de la universidad”. Nos preguntamos: protestar contra un rector corrupto, hacer una marcha por el conflicto en Bagua o recolectar firmas para pedir la legalización del aborto terapéutico (por poner varios ejemplos de la vida real), ¿corresponden con “los fines de la universidad” según esta definición? Incorporar este tipo de disposiciones restrictivas no hará sino profundizar la despolitización, cuando la universidad es por definición un punto de encuentro y debate de ideas políticas, de proyección y acción ante las problemáticas sociales, y de formación de ciudadanía a través de la participación activa en los asuntos públicos.
Estos importantes defectos de la Ley propuesta han logrado unir en su contra a la mayoría de actores organizados del mundo universitario, a pesar de las diferencias que existen entre ellos. Al cierre de esta edición, la Asamblea de Gremios de San Marcos había acordado luchar por el archivamiento de esta Ley. Sin embargo, no conviene “tirar al bebe con el agua sucia”, como se dice. Este Dictamen tiene varios puntos positivos que sí recogen el espíritu de varios años de lucha por la reforma educativa:
- La elección universal (ponderada por tercios) del Rector y Decanos, que pretende eliminar la micropolítica de componendas y corruptelas que genera el actual procedimiento opaco de elección.
- Una mayor exigencia en calidad, haciendo que la acreditación sea obligatoria Un importante énfasis en la investigación, con la creación de un Vicerrectorado para tal fin y la obligatoriedad de la tesis de bachillerato
- La creación de una “comisión permanente de fiscalización” en la Asamblea Universitaria, conformada por dos docentes y dos estudiantes con “amplias facultades para solicitar información”, lo que ayudaría a combatir la corrupción que campea en las universidades.
- La obligatoriedad, para las universidades privadas, de establecer escalas de pago
- La obligatoriedad de dar a conocer los salarios de autoridades y docentes, transparentando la información
Estas reformas sí significan avances sustanciales en dirección a una universidad más democrática, sin corrupción, de mayor calidad educativa y que investigue. Por ello, pensamos que la lucha estudiantil no debe plantearse CONTRA la Ley en sí misma, pues eso no serviría mas que para hacerle el juego a los poderes políticos y empresariales que han copado la ANR y no quieren que nada cambie. Una lucha justa y progresista alrededor de esta Ley debe estar enfocada en que no se tergiverse el sentido de la reforma. Esto quiere decir, en particular:
- Garantizar que la Superintendencia esté conformada como un órgano AUTÓNOMO y representativo de la sociedad, con participación del Estado, de las universidades, de los gremios de estudiantes y docentes, y de otras organizaciones sociales y empresariales.
- Que desaparezcan las universidades-empresa y se conviertan en asociaciones democráticas sin fines de lucro, poniéndole punto final a la mercantilización en la educación.
- Garantizar la libre organización estudiantil y docente dentro de las universidades, defendiendo el derecho inalienable de hacer política, debate ciudadano, activismo y participación en asuntos públicos dentro de un marco de democracia y tolerancia. 
Hay un tercer problema importante con este proyecto. En el Dictamen que está siendo discutido, los artículos referidos a los derechos y deberes del estudiante tienen una concepción represiva y antipolítica de la universidad. Estos artículos hacen eco de las propuestas de la ANR y del propio Gobierno, que con la excusa de combatir al MOVADEF quieren imponer una lógica según la cual el estudiante solo debe estudiar, y no debe participar en otro tipo de actividades que no sean “académicas”, ni mucho menos protestar o criticar a sus autoridades. Específicamente, los artículos 95 y 96 plantean que los estudiantes tienen prohibido usar los ambientes de la universidad “para fines distintos de los universitarios” y que tienen derecho de asociación “para los fines de la universidad”. Nos preguntamos: protestar contra un rector corrupto, hacer una marcha por el conflicto en Bagua o recolectar firmas para pedir la legalización del aborto terapéutico (por poner varios ejemplos de la vida real), ¿corresponden con “los fines de la universidad” según esta definición? Incorporar este tipo de disposiciones restrictivas no hará sino profundizar la despolitización, cuando la universidad es por definición un punto de encuentro y debate de ideas políticas, de proyección y acción ante las problemáticas sociales, y de formación de ciudadanía a través de la participación activa en los asuntos públicos.
Estos importantes defectos de la Ley propuesta han logrado unir en su contra a la mayoría de actores organizados del mundo universitario, a pesar de las diferencias que existen entre ellos. Al cierre de esta edición, la Asamblea de Gremios de San Marcos había acordado luchar por el archivamiento de esta Ley. Sin embargo, no conviene “tirar al bebe con el agua sucia”, como se dice. Este Dictamen tiene varios puntos positivos que sí recogen el espíritu de varios años de lucha por la reforma educativa:
- La elección universal (ponderada por tercios) del Rector y Decanos, que pretende eliminar la micropolítica de componendas y corruptelas que genera el actual procedimiento opaco de elección.
- Una mayor exigencia en calidad, haciendo que la acreditación sea obligatoria Un importante énfasis en la investigación, con la creación de un Vicerrectorado para tal fin y la obligatoriedad de la tesis de bachillerato
- La creación de una “comisión permanente de fiscalización” en la Asamblea Universitaria, conformada por dos docentes y dos estudiantes con “amplias facultades para solicitar información”, lo que ayudaría a combatir la corrupción que campea en las universidades.
- La obligatoriedad, para las universidades privadas, de establecer escalas de pago
- La obligatoriedad de dar a conocer los salarios de autoridades y docentes, transparentando la información
Estas reformas sí significan avances sustanciales en dirección a una universidad más democrática, sin corrupción, de mayor calidad educativa y que investigue. Por ello, pensamos que la lucha estudiantil no debe plantearse CONTRA la Ley en sí misma, pues eso no serviría mas que para hacerle el juego a los poderes políticos y empresariales que han copado la ANR y no quieren que nada cambie. Una lucha justa y progresista alrededor de esta Ley debe estar enfocada en que no se tergiverse el sentido de la reforma. Esto quiere decir, en particular:
- Garantizar que la Superintendencia esté conformada como un órgano AUTÓNOMO y representativo de la sociedad, con participación del Estado, de las universidades, de los gremios de estudiantes y docentes, y de otras organizaciones sociales y empresariales.
- Que desaparezcan las universidades-empresa y se conviertan en asociaciones democráticas sin fines de lucro, poniéndole punto final a la mercantilización en la educación.
- Garantizar la libre organización estudiantil y docente dentro de las universidades, defendiendo el derecho inalienable de hacer política, debate ciudadano, activismo y participación en asuntos públicos dentro de un marco de democracia y tolerancia.
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